sÃOO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – La suspensión del Campeonato Brasileño es descartada por la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) por el momento, pero eso no disminuye la preocupación de los directivos y empresarios de los atletas. El temor es que la Operación Pena Máxima, desatada por el Ministerio Público de Goiás, involucre cada vez más a los jugadores y, peor aún, llegue a los árbitros.
La interpretación de la confederación, según los funcionarios escuchados por el informe, es que la interrupción del torneo no es necesaria porque las quejas se refieren solo a los partidos de competencia en las series A y B de la temporada pasada. Esto podría cambiar si aparecen casos del Brasileiro de 2023 o si comienzan a involucrarse jueces. Esto no sucedió.
Una denuncia del Ministerio Público, el pasado lunes (8), presentó nuevos nombres de jugadores supuestamente vinculados al esquema de apuestas. Esto fue posible luego de analizar el contenido de computadoras y celulares incautados en una fase previa del operativo.
Para el diputado, el líder del grupo de apostadores es Bruno Lopes de Moura, atleta de fútbol sala. Según el fiscal Fernando Cesconetto, otras 16 personas aún podrían ser imputadas.
La base del esquema consistía en incitar a los jugadores a, a cambio de dinero (los pagos oscilaban entre R$ 50.000 y R$ 500.000), realizar determinadas acciones durante los partidos, como recibir una tarjeta amarilla o roja, ejecutar un penalti, etc.
Al Blog do Rodrigo Mattos, de la UOL, el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, reconoció que el caso empaña la imagen de la competencia.
Este miércoles (10), el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flavio Dino, ordenó a la Policía Federal investigar también la manipulación de las apuestas deportivas.
La CBF envió un oficio al ministerio en el que señala que ha adoptado medidas para censurar y sancionar tales prácticas. La confederación, sin embargo, dice que no tiene poder policial y sugiere al ministro que se designe un grupo de trabajo que pueda centralizar y controlar las investigaciones.
Las investigaciones del Ministerio Público se iniciaron tras una denuncia del presidente de Vila Nova-GO, Hugo Jorge Bravo. A finales del año pasado, buscó pruebas sobre una oferta de R$ 150.000 por un volante defensivo de su equipo para cometer un penalti contra el Sport, en la Serie B. Ni siquiera fue incluido en el partido.
Jorge Bravo llevó toda la documentación que pudo reunir al Ministerio Público, que inició la Operación Máxima Pena.
En los 13 partidos investigados, en siete hay sospechas de que los deportistas han recibido dinero para sacar tarjetas amarillas a propósito, otros dos para que sean expulsados y cuatro para que se cometan penaltis. No todas las ofertas fueron aceptadas. Ya han aparecido citaciones a otros deportistas que aún serán investigados por el MP.
Hasta el momento, nueve jugadores han sido despedidos por sus clubes después de haber sido mencionados por los apostadores o por chatear con líderes de pandillas a través de WhatsApp:
el defensor Eduardo Bauermann, de Santos; el volante defensivo Fernando Netto, de São Bernardo; el defensa Kevin Lomônaco, del Red Bull Bragantino; el defensa Vitor Mendes, del Fluminense; el lateral Pedrinho y el centrocampista ecuatoriano Bryan García, del Athletico; volante Richard, de Cruzeiro; lateral Nino Paraíba, de Amética-MG; Moraes lateral, de Juventude. El informe solicitó un posicionamiento de todos los atletas de distancia. Los asesores de Eduardo Bauermann, Fernando Neto, Kevin Lomônaco, Vitor Mendes y Nino Paraíba informaron que no se manifestarán en este momento. Athletico y Cruzeiro no respondieron a las solicitudes sobre los atletas mencionados.
En una nota, la defensa de Moraes informó que comenzó a colaborar con las investigaciones y, por lo tanto, ya no es imputado para ser testigo.
“La defensa del deportista refuerza que Moraes, en todo momento, dijo la verdad y colaboró de la mejor manera para preparar el proceso, por lo que se convirtió en testigo, ya no figurando como investigado/acusado, sino después de la ratificación del acuerdo. de persecución no penal, colaborador/testigo”.
Al diario Correio do Povo, la defensa de Bruno Lopes de Moura criticó la detención temporal del atleta, sin referirse directamente a la acusación.
En total, hay 36 citados en aplicaciones de mensajería y que están bajo investigación.
Escuadrón de preguntas de clubes
Ante las denuncias, los clubes mantuvieron reuniones con sus plantillas para tratar el caso. Según el informe, varios deportistas, además de los ya mencionados, confesaron haber sido sondeados por esquemas de apuestas, pero afirmaron haber rechazado las ofertas. Esto alarmó a los sombreros de copa.
En algunos equipos, los jugadores se irritaban con compañeros que accedían a recibir tarjetas o cometer un penalti para ganar dinero con las apuestas. La opinión expresada en las reuniones es que el caso ha puesto a todos bajo sospecha. Esto puede hacer sospechoso cualquier error en el campo. En otros, había tristeza por el colega distanciado.
A Folha de S.Paulo, los directores dijeron que habían considerado rescindir el contrato de los acusados, pero tuvieron que pensarlo dos veces después de ser asesorados por abogados.
La base para el despido sería la admisión de conversaciones con jugadores, pero esto puede no ser suficiente porque pueden volverse atrás en los testimonios. Los equipos esperarán el desarrollo de las investigaciones por parte del Ministerio Público.
Los atletas pueden ser excluidos del deporte.
Los jugadores involucrados pueden ser suspendidos hasta por dos años, según el código disciplinario del STJD (Tribunal Superior de Justicia Deportiva).
Si hay al menos dos episodios diferentes en los que el jugador ha recibido un soborno, puede ser expulsado del deporte. Este es el caso, por ejemplo, de Eduardo Bauermann.
En el ámbito penal, los implicados pueden ser responsables de los delitos de asociación delictuosa, blanqueo de capitales y corrupción en el deporte, con penas de prisión de dos a ocho años, además de una multa.