sÃOO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Un juez federal de los Estados Unidos intentó suspender la venta de la píldora abortiva mifepristona. La decisión de este viernes (7) es el último capítulo de la ofensiva judicial contra los derechos reproductivos en el país, y llega diez meses después de que la Corte Suprema anulara el derecho constitucional a la interrupción voluntaria del embarazo.
El juez de distrito Matthew Kacsmaryk, de Amarillo, Texas, le dio al gobierno de Joe Biden una semana para apelar la decisión antes de que entre en vigor. La Casa Blanca dijo que estaba estudiando la decisión.
La medida es de naturaleza preliminar y suspendería efectivamente la mifepristona hasta que se llegue a un veredicto final en una demanda presentada por médicos y activistas conservadores contra la FDA, el organismo de control de la salud de EE. UU.
El magistrado, designado en el cargo por el expresidente Donald Trump, justificó la decisión afirmando que la FDA autorizó la venta del fármaco “basándose en una lógica infundada y en estudios que no sustentan sus conclusiones”.
En respuesta, el gobierno de Biden afirmó que la autorización de venta del medicamento tiene respaldo científico.
La ONG Planned Parenthood, que mantiene clínicas de salud reproductiva en el país, dijo que la medida era profundamente dañina. “Es evidente la instrumentalización de nuestro sistema de justicia para restringir aún más el aborto en todo el país”, dijo Alexis McGill Johnson, presidente de la organización.
Las clínicas que ofrecen servicios de terminación han dicho que si la mifepristona ya no está disponible, recurrirán a un fármaco coadministrado común, el misoprostol. Sin embargo, el tratamiento con misoprostol solo se considera menos efectivo.
Se espera que la decisión de Kacsmaryk sea impugnada de inmediato por un tribunal de apelaciones de Nueva Orleans. En última instancia, el impasse puede llevarse a la Corte Suprema, que tiene una mayoría conservadora.
En junio, la Corte Suprema revocó Roe v. Wade que había sido tomada por la misma corte hace 49 años, por lo que el aborto en Estados Unidos dejó de ser un derecho constitucional. Ahora, corresponde a cada estado legislar al respecto.