sÃOO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Un enfrentamiento entre bandas en una prisión de mujeres en Honduras terminó en un incendio y dejó al menos 41 mujeres muertas este martes (20).
El centro penitenciario, que albergaba a unos 900 reos, está ubicado en Támara, 25 km al norte de la capital, Tegucigalpa, y durante la tarde recibió a cientos de familiares de los reos, que llegaron desesperados por información.
Delma Ordóñez, presidenta de una asociación de familiares de presos, dijo a la prensa local que miembros de una de las facciones invadieron e incendiaron el sector del grupo rival. Parte de las víctimas pertenecían a la Mara Salvatrucha, según ella, lo que hizo sospechar que el ataque fue cometido por la pandilla rival Barrio 18. No hay información oficial que confirme esta denuncia.
“El módulo está destruido, se quemó completamente”, dijo Ordóñez. Cinco mujeres resultaron heridas tras el motín y fueron trasladadas a un hospital de la capital.
La mayoría de las víctimas murieron quemadas y otras fueron baleadas, según dijo a la agencia de noticias AFP el vocero del Ministerio Público, Yuri Mora. Según él, aún no se sabe cómo comenzó el conflicto y el caso está siendo investigado.
“Conmocionados por el monstruoso asesinato de mujeres en Cefas (Centro Feminino de la Adaptação Social), planeado por pandillas a los ojos y con la complacencia de las autoridades de seguridad”, dijo la presidenta hondureña, Xiomara Castro. El dirigente anunció una reunión con el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, y la presidenta de la comisión de intervención penitenciaria, Julissa Villanueva, para informar sobre el episodio. «Tomaré medidas drásticas», dijo.
Antes de eso, Villanueva ya había declarado emergencia en la prisión. «Bueno, acción y reacción de línea dura ahora», dijo. «No toleraremos actos de vandalismo o irregularidades en esta prisión. Se autoriza la intervención inmediata, acompañada de bomberos, policías y personal militar».
Antes del episodio de este martes, el país ya era testigo de enfrentamientos en las cárceles, razón por la cual Villanueva, quien también es viceministra de la cartera de Seguridad, fue designada en la comisión interviniente en mayo. En ese momento, anunció un plan para recuperar el control de las 26 cárceles del país, donde el hacinamiento y la mala infraestructura son comunes. Los enfrentamientos en los centros, que albergan a unos 20.000 detenidos en total, habían dejado un muerto y siete heridos en abril.
El plan incluye el «desarme real mediante cateos manuales y electrónicos permanentes en el 100% de las instalaciones» y «el bloqueo total de la señal de telefonía celular», para que los presos no puedan comandar acciones delictivas desde el interior del penal.
Según las autoridades, los líderes del crimen organizado que están presos ordenan extorsiones, secuestros y asesinatos en ese país donde opera un narcoestado, según expertos, debido a la influencia del narcotráfico en la policía y la política.
En abril del año pasado, el expresidente Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos por un cargo de narcotráfico, un año después de que su hermano Tony fuera condenado a cadena perpetua por el mismo delito en Nueva York.
Desde fines del año pasado, parte del país se encuentra bajo un estado de excepción por el aumento de la violencia. La tasa de homicidios se disparó en 2022 y llegó a 40 por cada 100.000 habitantes, cuatro veces el promedio mundial.
Junto a Guatemala y El Salvador, Honduras conforma el Triángulo Norte, una de las regiones más violentas del mundo. Esta parte de Centroamérica se ha convertido, a los ojos del narcotráfico internacional, en un corredor de drogas para Estados Unidos. En los últimos años, las políticas de línea dura han cobrado fuerza en la región, que sufre reveses democráticos.
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