O El ministro de Derechos Humanos y Ciudadanía, Silvio Almeida, dijo este jueves (20), ante los integrantes del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que el gobierno brasileño está comprometido a incentivar la participación popular en instancias de decisiones nacionales.
“Quiero recordar la determinación del gobierno [do presidente Luiz Inácio] Lula para fomentar y garantizar la participación social en todas las áreas de nuestro gobierno. Particularmente en aquellas donde en los últimos años predominó el desmantelamiento y silenciamiento de la sociedad civil”, dijo Almeida al inicio del cuarto día de trabajo de la 76 sesión del comité, en Ginebra, Suiza.
Compuesto por diez expertos independientes aprobados por los Estados miembros, el Comité contra la Tortura es el organismo de la ONU responsable de supervisar, a nivel mundial, que los países que han firmado la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes actúen para frenar y, en su caso, investigar y sancionar posibles violaciones a los derechos humanos en sus territorios.
En la actual sesión, que comenzó el pasado lunes (17) y permanecerá abierta hasta el 12 de mayo, la comisión analiza informes presentados por gobiernos y organizaciones de la sociedad civil y fuentes independientes sobre la situación actual de los derechos humanos en seis países: Colombia; Luxemburgo; Eslovaquia; Kazajstán; Etiopía y Brasil, que promulgaron la Convención de la ONU contra la Tortura en 1991.
El examen del documento presentado por el gobierno brasileño comenzó ayer (20), cuando los expertos entregaron a la delegación encabezada por el ministro Silvio Almeida una serie de preguntas que los representantes del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía dividieron en 12 bloques temáticos y que están siendo respondida hoy, por los respectivos secretarios del área involucrada en el tema.
Esta mañana, al dirigirse a los expertos, Almeida afirmó que la pertinencia de las preguntas presentadas ayer ya contribuyó a que miembros de los diferentes órganos que integran la delegación brasileña reflexionaran sobre “los desafíos que enfrenta el Estado brasileño en la lucha contra la tortura”. Ayer, Almeida ya había propuesto que la oportunidad de comparecer ante el comité le da a Brasil la oportunidad de retomar y restablecer un diálogo abierto y transparente con la comunidad internacional sobre el tema.
“Somos conscientes de nuestros desafíos y estamos plenamente dispuestos a hacer buen uso de las recomendaciones que vendrán para reforzar internamente nuestro compromiso con la lucha contra la tortura”, dijo el ministro, argumentando que el informe que el gobierno brasileño envió a la comisión durante la La administración del expresidente Jair Bolsonaro no refleja con honestidad la realidad nacional, subestimando los recurrentes episodios de tortura y violencia institucional, principalmente contra la población negra y periférica.