sÃOO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – El expresidente de El Salvador Mauricio Funes fue condenado a 14 años de prisión este lunes (29). Se le acusa de tener vínculos con organizaciones criminales y de incumplir con sus funciones, informó la Fiscalía General de la Nación.
El exministro de Justicia y Defensa, David Munguía Payés, está imputado por los mismos delitos y condenado a 18 años de prisión. “Pudimos comprobar que estos dos exfuncionarios, quienes tenían la obligación de proteger a los salvadoreños, entregaron sus vidas a cambio de favores electorales, actuando como pandilleros”, dijo el Fiscal General Rodolfo Delgado.
Payés fue arrestado por primera vez en 2020 por sospechas que giraban en torno a una tregua entre pandillas durante el gobierno de Funes. Según la fiscalía, negoció una reducción de homicidios a cambio de beneficios para estos grupos criminales, llamados maras o pandilhas en el país centroamericano.
Funes está en Nicaragua desde 2016, país que le otorgó la ciudadanía en 2019 -la constitución nicaragüense establece que ningún ciudadano puede ser extraditado-. El expresidente, que a menudo hace comentarios en Twitter sobre política en El Salvador, no comentó; su exministro de Justicia ha dicho que apelará la decisión.
Funes fue el primer presidente de izquierda del país, cuando en 2009 rompió la hegemonía que el derechista Arena había mantenido desde el final de la Guerra Civil Salvadoreña (1979-1992). Las elecciones de ese año llevaron al poder al FMLN, partido formado por la guerrilla que dejó las armas tras el acuerdo de paz de 1992. Sus rivales, a su vez, cobijaron a los que habían luchado contra los combatientes de izquierda durante el conflicto.
En el momento de su gobierno, Funes estaba casado con la brasileña Vanda Pignato, quien fue detenida acusada de haber participado en un esquema para desviar US$ 351 millones (R$ 1,3 mil millones) de las arcas públicas presuntamente liderado por su exmarido.
El expresidente se mantuvo en el poder hasta 2014, tiempo durante el cual su gobierno intentó llegar a una tregua entre las pandillas. “Las autoridades anteriores permitieron que las pandillas se fortalecieran económica y territorialmente, a cambio de una reducción en el número de homicidios entre 2011 y 2013, para beneficiar al gobierno y favorecerlo en las elecciones”, dijo la fiscalía.
La OEA (Organización de los Estados Americanos) apoyó la tregua. En julio de 2012 visitó el país el entonces secretario general de la organización, José Miguel Insulza, quien presenció una entrega de armas por parte de grupos criminales. En su momento, tras una reunión con Funes, Insulza garantizó que la organización sería la «garante» de la tregua, lo que no significaría legitimar a las bandas.
Nunca se supo con certeza cuándo terminó la tregua. Después de unos meses, los homicidios comenzaron a aumentar y, en mayo de 2014, Funes dijo que la conciliación había terminado meses antes, sin dar una fecha precisa. El Ministerio Público comenzó a investigar el episodio en 2016, y en noviembre de 2022 un juzgado de San Salvador ordenó la detención del expresidente por presuntos delitos relacionados con el caso.
Las sospechas de intentos de pactos ilegales con las pandillas recaen sobre varios líderes del país, incluido el actual, Nayib Bukele, cuyo gobierno es investigado por la Justicia estadounidense.
Aun así, la condena se convirtió en un arma en manos del actual gobierno, que en 2019 interrumpió la polarización entre Arena y FMLN. “Los involucrados en negocios de trastienda a costa de la sangre de los salvadoreños han sido condenados a pagar en prisión el daño causado a la sociedad”, dijo en Twitter el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro. Bukele, que está provocando un colapso democrático en el país, ha articulado una ley que retirará por la fuerza a al menos un tercio de los 690 jueces del país en 2021.
En diciembre de 2021, durante una entrevista con la emisora salvadoreña TVX, Funes diferenció el acuerdo de su gobierno con la supuesta negociación actual con grupos criminales. “Una tregua es diferente a un pacto con las pandillas, que ahora está siendo denunciado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a cargo de Nayib Bukele”, dijo. “Si Bukele es el encargado de entregar dinero a las pandillas, entonces debe ser procesado, así como me están demandando a mí”.